Hotel Quito: la disputa que no cesa

Desde hace cerca de ochos años, uno de los bienes patrimoniales más representativos de la capital atraviesa una polémica que ha enfrentado a sus dueños con la comunidad. Según los vecinos, la venta del Hotel Quito a la empresa China Road and Bridge Corporation, por parte del IESS, ha estado cargada de irregularidades. Por su parte, los representantes del hotel se defienden, señalando que la venta se hizo de forma transparente. En mayo, el Tribunal de Garantías Penales ratificó las medidas cautelares sobre el predio del hotel, que obligan al Municipio a suspender todos los permisos de construcción. Aunque esta restricción es clara, no se han calmado las aguas entre los dos bandos.    

La polémica que ha envuelto al Hotel Quito en los últimos años comenzó en 2014, cuando el municipio capitalino incluyó al hotel en un inventario selectivo de bienes patrimoniales del barrio La Floresta, garantizando así su protección absoluta ante cualquier intervención que pudiera atentar con su condición de bien patrimonial. Sin embargo, esto cambió dramáticamente en 2016, cuando el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) vendió el hotel a la empresa, China Road and Bridge Corporation (CRBC). Desde entonces, la comunidad local ha denunciado irregularidades en la venta y ha luchado por mantener la protección patrimonial del inmueble.

La comunidad, liderada por Rocío Bastidas Granizo, presidenta del Comité Pro Mejoras del Barrio La Floresta, argumenta que la venta fue injusta y que se realizaron demoliciones ilegales que afectan el valor histórico del hotel. Por otro lado, los representantes del Hotel Quito sostienen que han seguido todas las normativas legales y que las medidas cautelares impuestas para que no se realicen adecuaciones están frenando su capacidad para mantener y modernizar el hotel.

Según Bastidas, el IESS vendió el hotel a CRBC en aproximadamente 30,8 millones de dólares. A la vez, la representante de los vecinos afirma que hubo irregularidades en esta transacción. Posteriormente, la empresa china realizó demoliciones en el hotel, lo que llevó a la imposición de multas por parte del Municipio; sin embargo, estas no se realizaron, afirma Bastidas.

Ante esto, la comunidad de La Floresta, junto a otros barrios como la González Suárez y Guápulo, se unieron para tomar medidas cautelares contra el Municipio. Estas medidas buscan impedir cualquier construcción en los predios del hotel y la actualización de la ficha de protección para garantizar su preservación. Además, presentaron denuncias por peculado, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias en contra de los dueños del hotel, que están siendo investigadas por la Fiscalía, según Bastidas. La representante de los vecinos señala que la protección del Hotel Quito fue reducida de “absoluta” a “parcial”, para facilitar su venta durante el gobierno de Rafael Correa. “Descubrimos que una persona, teniendo en cuenta que había una disposición del gobierno, tenía que hacer cualquier cosa para poder quitar la protección absoluta”, afirma.

Por su parte, Mauricio Mosquera, gerente general del Hotel Quito, defiende la gestión de CRBC, argumentando que la venta se realizó de manera transparente, a través del mercado de valores. “La transferencia final del dinero se realizó desde un banco en China –nuestra casa matriz–, directamente al Banco Central del Ecuador, a una cuenta pública, y esta, a su vez, a un fideicomiso que se creó con la finalidad de transparentar el proceso”, puntualiza. Mosquera asegura que la transacción final incluyó un fideicomiso para garantizar la transparencia con un pago total de 31,6 millones de dólares.

Después de esto, la administración del hotel ha venido enfrentando varios desafíos que siguen presentes hasta hoy. Uno de estos fue la reestructuración interna que se realizó en 2019, debido a los altos costos operativos que el hotel tenía que enfrentar. Parte de esa reestructuración llevó al hotel a reducir significativamente su nómina, afectando a muchos empleados que habían trabajado por más de 20 o 30 años. Según Mosquera, este proceso cumplió con todas las obligaciones laborales, las cuales ascendieron a, aproximadamente, 8 millones de dólares.

Posteriormente, el paro de octubre de 2019 impactó significativamente en el turismo y, en marzo de 2020, la pandemia cerró las fronteras. “Nos obligaron a reinventarnos para sobrevivir. Sin el apoyo de los accionistas de CRBC, este negocio no habría podido mantenerse. Durante la pandemia, muchos hoteles importantes y cadenas internacionales cerraron operaciones y despidieron a sus trabajadores, enfrentando juicios laborales que aún no se han resuelto, mientras nosotros logramos mantenernos operativos”, comenta el Gerente.

Respecto a la relación que ha mantenido el hotel con los vecinos, Mosquera explica que, de su parte, siempre han intentado propiciar una comunicación abierta, aun cuando estos, por su lado, no hayan hecho lo mismo, según su criterio. Esta falta de comunicación ha dificultado el avance en los proyectos de mantenimiento y desarrollo del hotel, afectando su competitividad en el mercado turístico actual.

Acción legal por parte de CRBC

Una de las controversias más recientes en torno a este conflicto es la demanda presentada por los dueños del hotel en contra de Rocío Bastidas. La demanda, basada en el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) alega que Bastidas ha difamado a la empresa y busca que ella sustente sus declaraciones públicamente. Bastidas ha utilizado plataformas sociales para denunciar lo que considera prácticas corruptas e ilegales por parte de CRBC, basándose en informes que describen a la empresa como poco transparente, según la coordinadora del Cabildo Cívico, María Elena Rodríguez.

Esta demanda ha sido criticada por muchos sectores como un intento de silenciar a los defensores del patrimonio. Sin embargo, los representantes del Hotel Quito argumentan que esta es una acción necesaria para proteger su reputación y exigir que las acusaciones sean basadas en hechos verificables. Por su parte, Fabián Almeida, asesor jurídico del hotel, explica que la empresa ha buscado acercamientos con las autoridades municipales y patrimoniales; sin embargo, no han obtenido respuesta ni han sido invitados a las mesas de trabajo en las que se ha discutido sobre la situación del hotel. “Lo que la empresa quiere es que ella –Rocío Bastidas– se manifieste con las respectivas razones, hechos y elementos de convicción”, agrega.  

En tanto, Bastidas asegura que lo que ella está haciendo es defender los derechos de la ciudad, del patrimonio y la seguridad jurídica y sostiene que el hotel y sus terrenos adyacentes deben mantenerse intactos para preservar la memoria histórica de la ciudad. Además, denuncia la resistencia del municipio a acatar las órdenes judiciales que reconocen la protección completa del hotel.

Así como Bastidas, Lucía Narváez, coordinadora técnica de comunicaciones del hotel, también es enfática en su posición, lo que deja al descubierto un conflicto atravesado por dos posturas que están lejos de conciliarse. Ella explica que las medidas cautelares impuestas limitan la capacidad para operar y mantener el hotel. Señala que, aunque se respeta el valor histórico del hotel, también se necesita modernizarlo para mantenerse competitivos en el mercado turístico actual. Narváez destaca que la empresa ha realizado inversiones significativas en estudios y proyectos para conservar el edificio, pero las restricciones legales impiden avanzar en estas iniciativas. “Las restricciones actuales limitan nuestra capacidad para competir con otros hoteles y mantener nuestra infraestructura”, mencionó.

Por su parte, Gustavo Fierro, arquitecto y asesor técnico del Comité del Barrio La Floresta, explicó que en este momento el Municipio está intentando aprobar una reforma a la ordenanza de áreas y bienes patrimoniales del año 2008, que aún está vigente y que permitió que el hotel sea inventariado como bien de arquitectura monumental. “El hotel fue declarado un bien de protección absoluta, categoría que corresponde solo a bienes monumentales o de interés especial. Sin embargo, el municipio quiere reformar esta ordenanza”.

Quienes defienden que la ordenanza no se reforme están representados en el Concejo Metropolitano por la arquitecta Inés Pazmiño y ya han entregado observaciones sobre el artículo que pretende modificarla. A pesar de esto, “el Municipio sigue titubeando y proponiendo modificaciones que parecen favorecer los intereses de la empresa china que desea realizar la construcción, actuando hasta la fecha como defensores de estos intereses”, explica.  

Alianzas y apoyo comunitario

María Elena Rodríguez, Coordinadora del Cabildo Cívico de Quito, señala que la presión de grupos económicos ha sido un factor clave en las omisiones y cambios en las fichas de protección del hotel. Rodríguez resalta la importancia de la coordinación entre colectivos, la academia y la comunidad en la defensa del patrimonio.

Por eso, los barrios de La Floresta, González Suárez, Guápulo, y La Paz formaron la Mancomunidad de Barrios del Hipercentro de Quito. Este colectivo busca actualizar la ficha de protección del hotel y detener cualquier construcción que comprometa su integridad patrimonial.

A pesar de las diferencias, ambas partes reconocen la necesidad de dialogar y encontrar soluciones conjuntas. Según Almeida, la empresa china ha expresado su apertura para trabajar con las autoridades y con los colectivos en busca de acuerdos. Mencionó que las puertas están abiertas para el diálogo. Esta intención ha sido vista con buenos ojos por parte de algunos miembros de la comunidad. Narváez, en tanto, cuenta que, desde aproximadamente un año y medio, se enfocan en tener acercamientos con actores de la comunidad para que sean testigos del trabajo que lleva adelante CRBC, en relación al hotel. Afirma que las personas que han sido escuchadas en medios de comunicación no representan en su totalidad a la comunidad y que, sobre estos acercamientos, no hablan los medios.

Un futuro incierto

El conflicto por el Hotel Quito refleja una compleja lucha que enfrenta a la preservación del patrimonio histórico versus las presiones del desarrollo urbano. Bastidas resume el sentimiento de muchos ciudadanos al afirmar: “No estamos defendiendo cosas viejas, estamos hablando del derecho que tenemos nosotros los ciudadanos de proteger el patrimonio porque es nuestro”. Por otro lado, Narváez enfatiza en la necesidad de encontrar un equilibrio que permita al hotel seguir siendo un símbolo histórico y a la vez un negocio viable. “Nuestra visión siempre ha sido la conservación del patrimonio, pero también necesitamos modernizarnos para competir en el mercado actual”.

El futuro del Hotel Quito dependerá de la capacidad de ambas partes para encontrar un terreno común y para trabajar conjuntamente en soluciones que respeten y equilibren tanto el patrimonio como las necesidades que tiene actualmente el hotel. La lucha continúa, y con ella, la esperanza de que el diálogo y la cooperación prevalezcan sobre la confrontación. Solo el tiempo tendrá la última palabra.